En la primera asamblea de trabajadores, del conflicto que venimos sufriendo desde octubre 2012, acordamos iniciar una serie de acciones en defensa de nuestros intereses, exigir una investigación sobre la gestión que ha llevado a la Caja a su actual situación, la destitución del equipo directivo y la consiguiente depuración de responsabilidades.
Ante la pasividad de la clase política asturiana, en posteriores asambleas se buscaron otras iniciativas, como la interposición de acciones legales contra la dirección de Cajastur por determinadas operaciones ruinosas.
Una de las denuncias presentadas trata sobre la inversión en los terrenos de La Talá, en Llanes y parece que, diez meses después, por fin vamos a conseguir que se investigue a los que, con sus erróneas decisiones, nos han llevado a requerir ayudas públicas y, durante el último año, y con la complicidad de quienes todos sabemos, nos han aplicado unos recortes brutales, injustificados y discriminatorios.
La prensa digital se hace eco de la siguiente noticia:
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El juez y la Policía investigan al presidente de Liberbank por un fraude de 47 millones
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha abierto una investigación contra el presidente de Liberbank, Manuel Menéndez, y el exdirector general de Cajastur, Felipe Fernández, para esclarecer un presunto fraude societario de más de 47 millones de euros supuestamente urdido por ambos. La investigación ha sido ordenada por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, Ángel Sorando, a raíz de la denuncia presentada por la Corriente Sindical de Izquierda (CSI), que acusa a los dos directivos de haber autorizado una operación urbanística de compraventa a sabiendas de que era ruinosa.
La promotora Nozar Masaveu adquirió en octubre de 2007, por 35 millones de euros, unos terrenos de 28 hectáreas en la franja costera de Llanes (Asturias). La compra de la finca, conocida como La Talá, fue financiada mediante un préstamo hipotecario de 28 millones formalizado con Cajastur, hoy integrada en Liberbank. Apenas 11 meses más tarde, en septiembre de 2008, Cajastur pagó a Nozar Masaveu 47,5 millones de euros por la finca, pese a que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ya habían declarado nulo, mediante sendas sentencias, el Plan Urbanístico de La Talá.
Aquellas sentencias "reducían drásticamente el valor de la propiedad, haciendo inviable la recuperación de la inversión", sostienen los denunciantes, que aseguran que los 47,6 millones de euros que Cajastur desembolsó por la finca "en modo alguno se correspondían con el valor de mercado de la propiedad". La dirección de Cajastur –encabezada entonces por Menéndez y Fernández– "quebrantó todos los controles de riesgo y su proceder incurrió, como poco, en delito societario y falsedad documental, al adquirir un bien de escaso valor para favorecer a un holding empresarial [Nozar Masaveu] que se encontraba prácticamente en quiebra".
Un portavoz oficial de Liberbank manifestó ayer a El Confidencial: "Sobre este asunto, y cualquier otro que esté en manos de los jueces, no vamos a hacer ningún comentario". La entidad es el banco resultante de la fusión de Cajastur, Caja Castilla-La Mancha, Caja Cantabria y Caja Extremadura, y ha recibido ayudas públicas directas del Estado por más de 120 millones de euros.
Pinche para leer el documento.La compra de La Talá se materializó a través de Beyos y Ponga S.A., una sociedad patrimonial participada al 100% por Cajastur. En octubre de 2010, Beyos y Ponga modificó las condiciones del préstamo inicial a Nozar Masaveu –que se había subrogado–, ampliando a tres años más el plazo de devolución. "Esto supone una novación anómala dadas las escasas garantías", asegura el CSI, "y lo que se hace es diferir la obligación de devolución del principal prestado, evitando así que la totalidad del préstamo pasase a tener la consideración de moroso, primero, y de fallido después, como en una buena práctica bancaria debería haber tenido".
En manos del 'banco malo'
Los representantes del CSI en Cajastur interpusieron el pasado 7 de junio una denuncia criminal en los juzgados de Oviedo por presunto delito societario y falsedad documental. Y un mes más tarde notificaron al Juzgado de Instrucción número 2 que los presuntos responsables de esos delitos son Menéndez, presidente de Cajastur cuando ocurrieron los hechos, y Fernández, entonces director general de la caja de ahorros y hoy consejero de Liberbank. El pasado día 1, el juez Sorando envió una copia de la denuncia a la UDEF, a la que ha tenido acceso este diario, "a fin de que practique diligencias para el esclarecimiento de los hechos".
El Tribunal Supremo tumbó definitivamente el pasado mes de octubre el Plan Parcial de La Talá, al rechazar el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Llanes, que preveía la construcción de más de 500 viviendas y una gran superficie comercial. La sentencia establece que, sin un Plan General de Ordenación Urbanística que le dé cobertura –y el de Llanes fue anulado sucesivamente por el TSJA, en 2007, y por el propio Supremo en 2011–, no es posible aprobar un plan parcial. La finca propiedad de Liberbank está ahora en manos de la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Ordenada Bancaria (Sareb), el llamado banco malo.
Manuel Menéndez (d) y Felipe Fernández, ex director general de Cajastur. (EFE)
La promotora Nozar Masaveu adquirió en octubre de 2007, por 35 millones de euros, unos terrenos de 28 hectáreas en la franja costera de Llanes (Asturias). La compra de la finca, conocida como La Talá, fue financiada mediante un préstamo hipotecario de 28 millones formalizado con Cajastur, hoy integrada en Liberbank. Apenas 11 meses más tarde, en septiembre de 2008, Cajastur pagó a Nozar Masaveu 47,5 millones de euros por la finca, pese a que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ya habían declarado nulo, mediante sendas sentencias, el Plan Urbanístico de La Talá.
Aquellas sentencias "reducían drásticamente el valor de la propiedad, haciendo inviable la recuperación de la inversión", sostienen los denunciantes, que aseguran que los 47,6 millones de euros que Cajastur desembolsó por la finca "en modo alguno se correspondían con el valor de mercado de la propiedad". La dirección de Cajastur –encabezada entonces por Menéndez y Fernández– "quebrantó todos los controles de riesgo y su proceder incurrió, como poco, en delito societario y falsedad documental, al adquirir un bien de escaso valor para favorecer a un holding empresarial [Nozar Masaveu] que se encontraba prácticamente en quiebra".
Un portavoz oficial de Liberbank manifestó ayer a El Confidencial: "Sobre este asunto, y cualquier otro que esté en manos de los jueces, no vamos a hacer ningún comentario". La entidad es el banco resultante de la fusión de Cajastur, Caja Castilla-La Mancha, Caja Cantabria y Caja Extremadura, y ha recibido ayudas públicas directas del Estado por más de 120 millones de euros.
Pinche para leer el documento.La compra de La Talá se materializó a través de Beyos y Ponga S.A., una sociedad patrimonial participada al 100% por Cajastur. En octubre de 2010, Beyos y Ponga modificó las condiciones del préstamo inicial a Nozar Masaveu –que se había subrogado–, ampliando a tres años más el plazo de devolución. "Esto supone una novación anómala dadas las escasas garantías", asegura el CSI, "y lo que se hace es diferir la obligación de devolución del principal prestado, evitando así que la totalidad del préstamo pasase a tener la consideración de moroso, primero, y de fallido después, como en una buena práctica bancaria debería haber tenido".
En manos del 'banco malo'
Los representantes del CSI en Cajastur interpusieron el pasado 7 de junio una denuncia criminal en los juzgados de Oviedo por presunto delito societario y falsedad documental. Y un mes más tarde notificaron al Juzgado de Instrucción número 2 que los presuntos responsables de esos delitos son Menéndez, presidente de Cajastur cuando ocurrieron los hechos, y Fernández, entonces director general de la caja de ahorros y hoy consejero de Liberbank. El pasado día 1, el juez Sorando envió una copia de la denuncia a la UDEF, a la que ha tenido acceso este diario, "a fin de que practique diligencias para el esclarecimiento de los hechos".
El Tribunal Supremo tumbó definitivamente el pasado mes de octubre el Plan Parcial de La Talá, al rechazar el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Llanes, que preveía la construcción de más de 500 viviendas y una gran superficie comercial. La sentencia establece que, sin un Plan General de Ordenación Urbanística que le dé cobertura –y el de Llanes fue anulado sucesivamente por el TSJA, en 2007, y por el propio Supremo en 2011–, no es posible aprobar un plan parcial. La finca propiedad de Liberbank está ahora en manos de la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Ordenada Bancaria (Sareb), el llamado banco malo.
Manuel Menéndez (d) y Felipe Fernández, ex director general de Cajastur. (EFE)
Este nuevo frente judicial para Menéndez coincide en el tiempo con la querella presentada contra él la semana pasada en la Audiencia Nacional por la federación de banca de Comisiones Obreras (Comfia-CCOO) por apropiación indebida, fraude fiscal y falsedad documental. La querella va también dirigida contra Fernández, su hombre de confianza y ahora consejero de Liberbank, e Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
La querella, como ya reveló El Confidencial, incluye la transcripción de una conversación entre un miembro del comité de empresa de Bancantabria –filial de Liberbank– y Fernando Soto, exdirectivo de aquella entidad y apoderado de Bancantabria Renting, la sociedad que abona casi 7.000 euros mensuales a López del Hierro a través de su mercantil Hilo de Inversiones S.L. En la grabación, Soto afirma: "No existe tal contrato [con Hilo de Inversiones]. No lo hemos firmado ni Antonio ni yo". Se refiere a Antonio Huesca, exdirector general de Bancantabria Renting, que fue destituido en 2012 por negarse a autorizar los pagos al marido de Cospedal.
